El fiscal pidió mandar a juicio oral al financista Elías Piccirillo por delitos que tienen un piso de 13 años de prisión

El fiscal federal Franco Picardi solicitó este viernes al juez Ariel Lijo la elevación a juicio oral del financista Elías David Piccirillo, en la causa por haberle plantado droga y un arma a su exsocio Francisco Hauque. El financista Piccirillo es el último esposo de Jesica Cirio, luego de su divorcio del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, y está metido en un cruce de acusaciones por los videos de Cirio contando dólares en la mansión de San Vicente de Insaurralde.

Picardi también pidió mandar a juicio oral al ex policía Carlos “el lobo” Smith, Iván Carlos Helguero, Facundo Adrián Ybarra, Leonardo Ariel Tedone, Erika Luciana Arias, Víctor Adrián Alvarenga Duarte, Héctor Javier Saavedra y Eliana Guadalupe Britos.

Smith se convirtió en arrepentido en la causa y reveló como desde financieras vinculadas a Piccirillo se mantenían negociaciones con funcionarios del Banco Central del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner para hacer maniobras con el dólar oficial en el mercado del blue, pero esa es otra causa. Piccirillo está investigado en otras causas por maniobras con el cepo al dólar K.

Los nueve están acusados de haber participado, con distintos roles, en el armado de un procedimiento policial falso para detener ilegítimamente a Francisco Hauque y a su pareja, Anahí Aquino Laprida, informaron a Clarín fuentes judiciales.

Por otra parte, el juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte rechazó los planteos de nulidad que había presentado la defensa de Insaurralde para intentar que los videos de Jesica Cirio contando dólares fueran apartados del expediente. Mientras Sofia Clerici, quien participó del Yategate con Insaurralde en el 2023, anunció por las redes sociales que está embarazada.

De acuerdo con el rol que tuvo cada uno en la maniobra, la fiscalía distribuyó las siguientes calificaciones legales: Piccirillo, Smith y Helguero deberán responder como coautores de privación ilegítima de la libertad con fines coactivos, agravada por la intervención de tres o más personas y por el uso de estupefacientes para ejecutar el delito; tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento agravado. Piccirillo enfrenta, además, el cargo de portación ilegítima de arma de fuego de guerra.

Piccirillo y Smith deberán responder, además, por cohecho activo, mientras que Helguero lo hará por cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y, como instigador, por falsedad ideológica de documento público agravada y falso testimonio agravado. Ybarra, Tedone, Arias, Alvarenga Duarte, Saavedra y Britos deberán responder como coautores de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público con abuso de sus funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ybarra y Tedone enfrentan, además, los cargos de falsedad ideológica de documento público agravada y falso testimonio agravado por las actas y declaraciones con las que sostuvieron la versión del hallazgo casual.

Con la calificación legal propuesta, la escala penal aplicable a Piccirillo, Helguero y Smith tiene un piso de 13 años y 4 meses de prisión: los 10 años que prevé como mínimo la privación ilegítima de la libertad con fines coactivos agravada se elevan un tercio por la utilización de estupefacientes para ejecutar el delito. Ese mínimo podría reducirse en el caso de Smith, quien se acogió al régimen de imputado colaborador.

Con el requerimiento presentado, la fiscalía pidió correr traslado a las querellas y a las defensas, cerrar la instrucción y elevar la causa a juicio oral y público respecto de los nueve procesados. En forma paralela, solicitó que continúe —por cuerda separada— la investigación sobre la eventual participación del subcomisario Ezequiel Querejeta, quien llegó al lugar del operativo y permaneció allí hasta su finalización, y de Martín Migueles, un allegado a Piccirillo cuyo teléfono registraba contactos con Helguero y Smith, así como de otras personas que pudieran haber intervenido en la maniobra.

Según la acusación, la noche del 17 de enero de 2025 Piccirillo colocó en el vehículo en el que se trasladaba junto a Hauque una pistola calibre 9 milímetros con pedido de secuestro por robo y dos paquetes de cocaína de altísima pureza (92%), con un peso conjunto de 1,262 kilogramos.

Horas más tarde, durante la madrugada del 18 de enero, en la intersección de la avenida Alvear y la calle Libertad de esta ciudad, un grupo de policías vestidos de civil interceptó el vehículo bajo un pretexto falso y dijo haber hallado el arma y la droga, lo que derivó en la detención de Hauque y Aquino Laprida. Según la investigación, Piccirillo pagó en efectivo más de US$ 51.000 para garantizar el operativo, de los cuales al menos US$ 25.000 llegaron como soborno al entonces comisario Iván Carlos Helguero, jefe de la División Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad.

De acuerdo con la investigación, Piccirillo mantenía con Francisco Hauque una deuda de aproximadamente $6.000 millones y, motivado por ese conflicto y por el temor a que la situación tomara estado público, ideó, financió y dirigió un plan para provocar su detención y la de su pareja. Para ejecutarlo recurrió a Carlos Sebastián Smith, identificado por la fiscalía como el organizador operativo de la maniobra. Smith convocó, a su vez, al entonces comisario Helguero, jefe de la División Robos y Hurtos Norte, quien incorporó al plan a otros seis efectivos de esa dependencia: Facundo Adrián Ybarra, Leonardo Ariel Tedone, Erika Luciana Arias, Víctor Adrián Alvarenga Duarte, Héctor Javier Saavedra y Eliana Guadalupe Britos.

Según la reconstrucción de la fiscalía, la noche del 17 de enero de 2025 Piccirillo llevó a Hauque y Aquino Laprida a cenar al Palacio Duhau. Durante el trayecto hacia el domicilio de la pareja, aprovechando su ubicación en el vehículo, colocó, sin que lo advirtieran, la pistola y los dos paquetes de cocaína. Mientras la pareja permanecía en el restaurante, los policías involucrados realizaron tareas de vigilancia en la zona.

En la madrugada del 18 de enero, cuando Hauque y Aquino Laprida se retiraron del lugar, fueron interceptados en avenida Alvear al 1491. Los efectivos invocaron una denuncia inexistente de violencia de género y, al requisar el vehículo, dijeron haber hallado el arma y la droga. Hauque y Aquino Laprida permanecieron detenidos hasta el 29 de enero de 2025.

La causa que hoy llega a juicio no se originó en una denuncia directa contra Piccirillo, sino en la investigación que se había abierto por la propia detención de Hauque y Aquino Laprida (CFP 164/2025). En ese expediente se advirtieron elementos que permitieron establecer que el hallazgo del arma y la droga no había sido casual, sino producto de una planificación previa, con tareas de vigilancia sobre las víctimas.

A partir de la nulidad declarada sobre ese procedimiento y de la consecuente extracción de testimonios, se originó la investigación que hoy tramita ante la Fiscalía N° 5.

Desde entonces, la fiscalía articuló su trabajo con distintos organismos técnicos. La DATIP, la Dirección de Asistencia Técnica en Investigaciones Penales del Ministerio Público Fiscal, tuvo un rol central en la investigación: realizó las extracciones forenses de los teléfonos y de un pendrive secuestrados a los principales sospechosos, cruzó la información de antenas para establecer su geolocalización y elaboró las reconstrucciones audiovisuales que permitieron establecer, en detalle, cómo se organizaron las reuniones previas, la vigilancia sobre las víctimas y el procedimiento.

La investigación también reconstruyó el circuito de los pagos. Piccirillo le entregó a Smith US$ 30.000 antes del operativo y otros US$ 21.000 en encuentros posteriores. Smith, por su parte, le entregó a Helguero US$ 20.000 la misma madrugada del procedimiento y otros US$ 5.000 dos días después, como pago por la ejecución del operativo.

En los allanamientos ordenados durante la instrucción se secuestró dinero en efectivo en dólares tanto en el domicilio de Smith como en el de Helguero.

Todos los imputados se encuentran procesados, con resoluciones firmes; ocho de ellos cumplen actualmente prisión domiciliaria.

En sus consideraciones finales, la fiscalía calificó el caso como de “inusitada gravedad institucional”, en tanto sostuvo que se utilizaron recursos y facultades propias de una fuerza de seguridad para montar un procedimiento ilegal, privar de la libertad a personas inocentes mediante prueba implantada y hacerlo a cambio de dinero.

El requerimiento de elevación a juicio reúne más de un centenar de elementos de prueba, agrupados en distintas líneas. A fin de facilitar la reconstrucción de los hechos, se acompaña a continuación un cuadro con los principales videos de la investigación, ordenados cronológicamente, junto con los respectivos links de acceso. El material permite visualizar las reuniones previas, las tareas de vigilancia y el procedimiento que terminó con la detención de Hauque y Aquino Laprida.